Dicho acuerdo contenía dos objetivos fundamentales:
Reafirmar la necesidad de un cambio de régimen (la reina Isabel II acababa de caer y poco tiempo después se proclamaría la I República española, la cual aprobó una Constitución federalista).
Garantizar que el nuevo sistema político que se constituya reconozca institucionalmente la identidad de Castilla como pueblo diferenciado, es decir con derecho a su propia articulación política.
Según dicho documento el Estado de Castilla la Vieja lo constituirían las provincias de Ávila, Burgos, León, Logroño, Santander, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. El Estado de Castilla la Nueva lo constituirían las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo.
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